El Ministerio de Economía dice que solo es el esquema de un anteproyecto, el de la Ley de Servicios Profesionales, un PowerPoint de 20 páginas que se filtró en vísperas a Navidad, y que ha puesto en guardia a los colegios afectados por los cambios que prevé. Con el objetivo de “mejorar la competitividad de un sector que supone el 30% del empleo universitario”, el documento plantea modificar las reservas de actividad de colectivos como los arquitectos, aparejadores e ingenieros (reduciéndolas a “las estrictamente justificadas”), y cambiar notablemente aspectos de la colegiación. Además, habrá una “lista positiva”, con las profesiones de colegiación obligatoria, lo que ha llevado al sector a temer que se desdibuje el papel de los colegios.

La Unión Profesional (UP), que agrupa a 33 consejos de colegios (1,3 millones de colegiados), no entra a valorar los cambios que afectarían a cada gremio, porque en algunos casos hay disputas entre ellos; pero sí ha salido en defensa de la colegiación, de los riesgos de una liberalización “excesiva” y de “la función social” de los colegios profesionales. Su presidente, Carlos Carnicer, subraya el papel “de máxima protección de la salud y seguridad de los ciudadanos” de los colegios. “El sector ha incorporado servicios y ha mejorado su gestión y desempeña una labor fundamental en la protección de los derechos ciudadanos y de su seguridad jurídica”, alerta. Carnicer defiende el control y vigilancia de los servicios, la prevención del intrusismo, la función formativa, deontológica o estadística de los colegios y la “degradación de las profesiones” que una relajación podría suponer. La Unión recuerda además que un 8,8% del PIB y un 6% del empleo español proceden de profesiones colegiadas.

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